Resumen.

            El presente trabajo aborda diversas problemáticas con respecto a la democracia liberal, la nación y el Estado moderno, tomando como eje central los planteamientos teóricos de David Held con respecto a la democracia cosmopolita, en tiempos de globalización.  Se propone que la ciencia política debe plantearse un rompimiento con los análisis tradicionales, excesivamente dependientes del funcionamiento de la democracia dentro de cada sistema político estatal. Se concluye que es necesario crear nuevas instituciones que garanticen el proceso de redefinición de la democracia, en un contexto de globalización que induce un proceso de cambio político.

Palabras claves: democracia, nación, Estado moderno, globalización.

 

Abstract.

This paper addresses several issues with respect to liberal democracy, the nation and the modern state, on the central theoretical approaches with respect to David Held's cosmopolitan democracy in times of globalization. It is proposed that political science should consider a break with traditional analysis, overly dependent on the functioning of democracy within each state political system. It concludes that it is necessary to create new institutions that guarantee the process of redefinition of democracy in a context of globalization that induces a process of political change.

Key words: democracy, nation, modern State, globalization.

 

 

Democracia cosmopolita, Estado moderno y globalización [1] .

Gustavo Alcántara Moreno [2]

 

 

1. Introducción.

En su libro La democracia y el orden global, David Held aborda el problema de la democracia contemporánea desde una perspectiva novedosa, que rompe con las proposiciones de los teóricos clásicos de la de democracia liberal. La visión de Held plantea la necesidad de redefinición de la idea de democracia, en un contexto que ciertamente ha cambiado mucho a partir de 1989. A esos cambios se le suman la intensificación y mayor relevancia que otras variables de la vida social han adquirido con el transcurrir de los años.

La sumatoria de todos estos fenómenos afecta directamente al Estado liberal democrático como forma de organización política.  Es conveniente entonces,  revisar cuál es ese contexto que amenaza la forma actual del Estado liberal democrático y nos obliga a concebir una visión distinta y actualizada de la democracia, si tomamos en cuenta que “los problemas de la democracia se extienden más allá de las fronteras de los Estados” (Held, 1995, p. 37).

Ante este reto de la democracia, la ciencia política debe plantearse un rompimiento con los análisis tradicionales, excesivamente dependientes del funcionamiento de la democracia dentro de cada sistema político estatal. Ya no resulta práctico para el científico social aquella concepción que planteaba la doble visión del Estado, considerado por una parte desde la dimensión interna, que concibe al mismo como una forma de organización política autónoma con instancias democráticas de toma de decisiones; y una dimensión externa, propia de la teoría de las relaciones internacionales, que hace énfasis en el Estado como el actor privilegiado en el escenario internacional, por lo que lo primordial en ese ámbito es el estudio de las relaciones interestatales (Vallespín, 2000).

El Estado, como centro de control y de poder político, ha sido trascendido por la dinámica social, siendo incapaz de regular e intervenir en la totalidad de las acciones e interacciones que fluyen del campo económico y social. Por ello, hay que replantear el papel del Estado-Nación tradicional, con miras a sustentar la posibilidad de una democracia adaptada a ese nuevo orden global, esto es, una democracia cosmopolita.

 

2. La Democracia Liberal.

La democracia liberal es la forma de gobierno que se ha impuesto contemporáneamente (Schumpeter, 1983). Desde las formulaciones clásicas del liberalismo, esta tipología de democracia ha venido moldeando su forma y adquiriendo características propias.

La base de toda teoría liberal tiene como punto de partida al individuo. Esta es la categoría de análisis principal, pues se plantea una verdadera ética de la autonomía de la persona como ser humano. Toda esta discusión tiene sus antecedentes en la defensa del individuo ante los abusos de poder provenientes del Estado [3] .

El contexto en el que surge este debate es aquel que tuvo en el Estado absolutista la forma de gobierno predominante. La preocupación básica de los filósofos y teóricos liberales era la de proponer un orden político que garantizara el reconocimiento de una serie de derechos al individuo, a la vez que se expresara un conjunto de restricciones y límites al poder discrecional ejercido por el centro político.

El reconocimiento de los derechos del hombre tiene sus antecedentes en la escuela del derecho natural o iusnaturalista. Esta escuela plantea en su doctrina que existen una serie de derechos que subyacen a la condición misma del ser humano, independientemente de la voluntad de éstos, tales como el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, entre otros. Dichos derechos no pueden ser violados o desconocidos por quien en un determinado momento histórico detente el poder legítimo de ejercer la fuerza para obtener la obediencia de sus mandatos. Esa autoridad tiene el deber y, por tanto, la obligación, de respetar y proteger esos derechos frente a cualquier intervención posible por parte de los demás (Bobbio, 1999, p. 11).

Existe entonces una relación de derecho entre el individuo y el Estado, en la que el primero es el titular de un derecho y el segundo el constreñido por una obligación. Pero la situación no es tan sencilla, ya que plantea un dilema científico y filosófico entre la justificación de los derechos del individuo y la restricción del poder y funciones del Estado, para resolver el problema de equilibrar el poder coercitivo y la libertad.

En cuanto al Estado, los liberales clásicos propusieron la teoría del Estado limitado. Esto se plantea en dos dimensiones, la del límite de los poderes, por una parte, y la del límite de las funciones por el otro (Bobbio, Ob. cit.). El límite de los poderes tiene que ver con la creación de un Estado de derecho que se opone al Estado absoluto; en lo relativo a las funciones, se plantea el Estado mínimo frente al Estado máximo. El estado de derecho plantea la creación de un corpus legal que regule la estructura de los poderes públicos y sea garante de los derechos civiles de las personas. El Estado mínimo se refiere a la no intromisión del la estructura de dominación en las libertades contractuales de los individuos, defendiendo la autonomía de la voluntad de las personas. Este tipo de Estado con frecuencia suele ser relacionado con el sistema del librecambismo.

 La solución de los pensadores políticos al dilema, atendiendo a la parte individual, fue el de la democracia representativa. El proceso a través del cual se va fraguando este modelo democrático, es el vivo reflejo de diversos conflictos y contradicciones sociales. Para ilustrar esta situación, podemos hacer referencia al proceso histórico y político que marca el paso de la democracia liberal a secas, hacia la democracia liberal – representativa (Caminal, 1996). En los principios del liberalismo político, la idea de ciudadano, entendida como aquel individuo que participa políticamente en los asuntos de su sociedad, era bastante restringida, ya que se reducía a un pequeño grupo de personas con privilegios económicos o de estatus. El derecho al voto, que es el acto más conspicuo de toda democracia representativa, era de tipo censitario, por lo que había que ser pudiente para tener acceso a su ejercicio. Esta situación, traía como consecuencia que una porción bastante significativa de personas estuviera vetada para participar formalmente en los procesos políticos. Sólo con la implantación definitiva del sufragio universal, existió la posibilidad de superar esa verdadera discriminación social de la participación política que sufrían la mayoría de las personas. De esta forma quedaba abierta de manera más efectiva la representación de los intereses de los diversos grupos sociales en la asamblea o parlamento.

Con la obtención de esta igualdad política, quedarían solventados muchos inconvenientes de tipo político, dejándose abierta una posibilidad mucho mayor para que los individuos expresen su voluntad y defiendan sus intereses. Esta premisa, conjugada con la libertad de mercado, eran las piedras angulares que edificarían el modelo liberal - democrático que hoy conocemos.

 

3. El problema de la nación.

Luego del fin de la guerra fría, el mundo ha experimentado profundos y sensibles cambios con respecto al orden internacional, puesto que la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética significaron la desaparición del nítido, predecible y estable sistema bipolar que había trazado las reglas del juego internacional durante cuarenta y tres años. El mundo ya no está dividido por la confrontación entre dos grandes ideologías. El conflicto Este-Oeste ha dado paso a un nuevo escenario internacional, mucho más complejo y ambiguo, con una superpotencia dominante y varias potencias que reclaman una mayor injerencia en las decisiones que marcan el rumbo de la política mundial.

            Han aparecido o resurgido nuevos problemas, confrontaciones que se creían ya superadas a partir de la desmembración de los imperios perdedores tras la Primera Guerra Mundial y de la descolonización, durante la segunda posguerra, de Asia y África. Se creyó que la aparición, a finales del siglo XV, del Estado-Nación -el cual más tarde se convertiría en la estructura política por excelencia de la modernidad, además de constituirse como uno de los principales actores en la historia de las relaciones internacionales- de la mano incipiente de la burguesía europea, se encargaría  de ser la unidad básica de cohesión y de gobierno político durante la edad moderna y para siempre. Sin embargo, al final del siglo XX, las pasiones étnicas, nacionales y religiosas hacen resurgir, con fuerza de huracán, explosivos movimientos que desafían las premisas en que se funda el estado moderno, tanto en oscuros rincones del mundo como en sus principales potencias. Estamos en presencia del resurgimiento de los nacionalismos (Gellner, 1994), fenómeno que constituye una primera fuerza desintegradora de la estructura del Estado-Nación.

            Ante este resurgir de las fuerzas nacionales desintegradoras, cabe preguntarse qué aspectos son los que motivan a un grupo a constituirse en movimiento de liberación nacional. Ante esta interrogante, Held propone estudiar las condiciones de posibilidad de la participación política, así como el conjunto de instituciones de gobierno capaces de regular las fuerzas que dan forma a la vida cotidiana, pues existe un déficit teórico al respecto. En tal sentido acaso ¿Es la falta de espacios de participación política dentro de la estructura del Estado-Nación lo que motiva a los grupos separatistas o secesionista a buscar otras formas de organización y expresión política?

            Este problema pasa en primer lugar por la vigencia que en las actuales circunstancias posee la concepción de nación, pues hasta el momento la sociedad civil es básicamente una sociedad nacional. Ante las fuerzas fragmentadoras y atomizadoras del mercado transnacional, una reafirmación del poder de la Nación como fuerza estabilizadora resulta pertinente (Giddens, 1999, p. 153). Para ello se plantea una nueva concepción de la Nación, que no la identifique como un grupo humano con una identidad común fijada a partir de una unidad, bien sea lingüística, religiosa, étnica, cultural o histórica gracias a un pasado común, circunscrita en un espacio territorial delimitado.

            El aspecto territorial es el que primero hay que replantear. Para ello Giddens propone no hablar de fronteras sino de límites. La concepción de fronteras nítidas, demarcadas con precisión cartográfica en los mapas, sencillamente se hace insostenible durante la época actual, caracterizada por un “incremento, a escala mundial, de las interacciones que unen entre sí a todas las actividades humanas. Ese aumento de las interdependencias ya no conoce fronteras gracias a la abolición de los obstáculos imputables al espacio y al tiempo” (Brunswick y Danzin, 1999,  p. 15). Es por ello que se plantea una concepción más cosmopolita de la nacionalidad, ya que el sistema de fronteras rígidas fue creado por la geopolítica de la primera posguerra, bajo una lógica que no se adecua a las actuales circunstancias.

            Estamos viviendo, desde hace ya unas décadas, una tendencia hacia la constitución de bloques regionales. El primer impulso para este paso se dio en el plano económico, pero como lo demuestran los avances experimentados por la Unión Europea, la expectativa busca extenderse con intensidad, en los próximos años, hacia la dimensión política. Esto se presenta en la dimensión pública, pero en el ámbito privado, quizás por escapar de las regulaciones y controles estatales, tal vez las interacciones se estén dando con mucha mayor fuerza. Así lo demuestran las asociaciones y ONG, que vienen haciendo sentir su peso y su influencia en el escenario internacional. Estos nuevos movimientos sociales son capaces de agruparse en torno a un interés común, sin importar la nacionalidad, la raza, el grupo étnico o la clase social. Sin aspirar al control político, esos grupos provenientes de los espacios privados de la sociedad civil buscan satisfacer sus objetivos por medios no institucionalizados políticamente.

            ¿Cómo se explica lo anterior? El fenómeno de la globalización, o lo que otros prefieren llamar de manera más optimista mundialización, hace que existan problemas cuyos efectos y soluciones trascienden las fronteras de los Estados-Nacionales modernos (Giddens y Hutton, 2001). Los ciudadanos que viven en una determinada sociedad nacional, ya no son los únicos que formulan las demandas, ni sus representantes democráticamente elegidos, quienes formulan las respuestas (Alcántara Moreno, 2011). Como argumenta Held, “las comunidades nacionales no son de ninguna manera las únicas fuentes de diseño y elaboración de las decisiones y políticas que ejercen influencias sobre las vidas de sus miembros, y las medidas implementadas por los gobiernos nacionales, no afectan exclusivamente a sus propios ciudadanos” (Ob. cit., p. 38). Para citar un ejemplo, pensemos en las repercusiones que a nivel mundial puede tener la decisión del gobierno de los Estados Unidos de no firmar el Protocolo de Kioto, considerando que se trata del país más contaminante del mundo. Del otro lado, podemos observar como las constantes protestas contra las reuniones de la Organización Mundial del Comercio o del G-8, son realizadas por grupos totalmente heterogéneos desde cualquier punto de vista.

            Lo anterior nos demuestra en qué forma ya no es posible afirmar que las personas que viven en un territorio demarcado por fronteras, pueden tomar de manera soberana y legítima las decisiones que afectarán sus vidas. Este cúmulo de circunstancias afectan directamente la idea moderna de democracia y sus principales elementos constitutivos tales como “la naturaleza del cuerpo político, el significado de la representación, la forma y el alcance adecuados de la participación política y la relevancia del Estado-Nación democrático, enfrentado a las turbulentas pautas de relaciones y restricciones del orden internacional” (Ídem, p. 40), que vendría a fungir como el garante de los derechos, obligaciones y bienestar de los ciudadanos. 

Si asociamos esta circunstancia con la democracia, tenemos que afirmar, a nuestro modo de ver, la proliferación de movimientos separatistas es consecuencia de un déficit democrático en el interior de los Estados Nacionales que padecen esta dificultad, pues siguiendo los planteamientos de Fernando Mires “no se puede formular una teoría de la democracia sin la base de una teoría del reconocimiento” (Mires, 2001, p. 109). El peligro de este aparente déficit democrático parece amenazar con una mayor fragmentación a la tradicional unidad nacional.

Para construir una nación cosmopolita, es necesario encontrar un significado diferente de la misma, en el cual se plantee el principio de la tolerancia. Para ello “las viejas formas de identidad nacional han de ser reestructuradas” (Giddens, Ob., cit., p. 59). Es imperioso que se hallen valores con los que todos estén comprometidos y una identidad con la que los ciudadanos se sientan cómodos, aceptando al mismo tiempo la ambigüedad que en el interior de cada sociedad se deriva como consecuencia de las inmigraciones. Este proceso, que es característico del actual orden global, afecta de manera directa los antiguos vínculos de identidad nacional, en el cual persiste un cierto recelo hacia el multiculturalismo. Pero, para dar un argumento fuerte en contra de esta idea, tenemos que decir que ese nacionalismo homogeneizador es sólo una ficción imposible de cumplir en la realidad.  

           

4. Democracia y globalización.

            La crítica básica que Held les formula a los teóricos de la democracia de los siglos XIX y XX, es la de que conciben a la democracia como una relación simétrica entre electores y representantes. Esta relación tiene que ver con el control democrático que los electores ejercen sobre sus representantes, lo que da pie para hablar de la representación como gobierno responsable; y el proceso de toma de decisiones o formulación de políticas públicas, por parte de los gobernantes en relación con los intereses de sus electores o del grupo o partido que representa.

            Esta relación se da tradicionalmente en el ámbito nacional. El problema comienza cuando se generan decisiones políticas, que tomadas fuera de cualquier órgano representativo o asamblea nacional, afecta a los ciudadanos de un determinado país. Esto crea irremediablemente una sensación de que no hay representatividad por parte de quienes toman las decisiones.

            Esta situación se evidencia cuando apreciamos las acciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), al momento de aprobar o no un préstamo para algún país. En el caso de no aprobarlo, el país pudiera carecer de liquidez para pagarle a las personas sus ahorros bancarios, tal y como sucede en Argentina. Bajo la otra posibilidad, si lo aprueba, entonces impondrá una serie de recetas o políticas como condición para realizar el aporte de capital. Este tipo de situaciones puede afectar notablemente la vida del ciudadano común, al cobrarle más impuestos y dejar que la crisis se solvente golpeando su espalda, o simplemente negándole la educación superior a sus hijos, cerrándole las puertas a una posibilidad de movilidad social vertical hacia arriba, porque la educación ha dejado de ser pública y gratuita. 

Otro problema, que se deriva de esta formulación de políticas fuera del espacio nacional y de la asamblea de representantes de las poblaciones asentadas en un territorio geográfico, legítimamente constituidas a través de elecciones libres y competitivas, es el hecho de que quienes están detrás de la toma de decisiones, son burócratas y tecnócratas (García-Pelayo, 1987, p. 33). Este tipo de funcionarios o gerentes carecen de cualquier tipo de control electoral democrático y, por lo tanto, están exentos de responsabilidad para los ciudadanos, que son directamente los depositarios de las decisiones. Lo triste y peligroso de esta realidad, es que ni siquiera está garantizado que quienes toman las decisiones sean los mejores, por lo que a los ciudadanos sólo les queda apostar a que el tecnócrata tenga al menos ética profesional. La otra posibilidad es la de la protesta cívica, que puede muy bien terminar en violencia.

Así pues, en América Latina la democratización se ha vinculado “con ciertos avances de corte netamente tecnocrático en el espacio de lo gubernamental y administrativo, lo que representa para el ejercicio de la democracia fuente segura de desviaciones autoritarias en las prácticas políticas efectivas” (Ramos Jiménez, 2008, p.110).

De manera que, existen ejemplos mucho más difusos y subrepticios que los del FMI. Inclusive decisiones de tipo privado pueden afectar a toda una sociedad, como cuando una empresa transnacional decide instalarse o no en un determinado país. Esta situación podría, de ser positiva la entrada de capital de inversión en un país, menguar el problema del desempleo, sirviendo como válvula de escape a muchos otros problemas sociales. Si la decisión de invertir es negativa, sencillamente el país seguiría sumido en su crisis social, que tendría en el desempleo sólo el punto de partida que afectaría a toda la economía y, eventualmente, a la estabilidad política.

El anterior era un ejemplo que tomaba en consideración una actividad lícita. Pero que tal si nos referimos a acciones de tipo ilegal. Piénsese por un momento, en el aporte en metálico que las mafias internacionales le pueden hacer a la economía de un país, simplemente utilizándolo como puente del narcotráfico, para luego introducir la droga en el mercado de consumo.

Las posibles situaciones que ilustran lo anterior y las características de los mismos, pueden ciertamente seguir multiplicándose. Lo es que la estructura estatal moderna no luce óptima a la hora de controlar y contener, toda esa ola de acontecimientos derivados de la compleja época en que vivimos.

Al respecto, autores como Beck (1997) han lanzado hipótesis interesantes, como la que plantea el hecho de que vivimos en lo que se podría denominar como sociedad del  riesgo, es decir, un tipo de sociedad en la que los peligros y amenazas superan con creces las certezas y seguridades. Esta situación se puede explicar  través de la idea de modernidad reflexiva.

Según Beck, las sociedades modernas siguen viviendo bajo los patrones de la sociedad industrial tradicional, la cual estaba construida en base a las reglas y principios de la modernidad tradicional. Acompañando a este fenómeno, tenemos que lo político se ha transformado, por lo que asistimos a una época caracterizada por la tendencia a que lo social se convierta en político, ampliando a su vez el espacio político. A la par de esa propagación de actividades políticas, han surgido nuevos actores políticos que se expresan bajo pautas de conducta e instituciones políticas no tradicionales.

No es posible continuar pues, con las mismas instituciones obsoletas, si la política gubernamental tiene que estar disponible para todo, y todos quieren y deben participar en ella (Beck, 1999). Un panorama como este requiere de la invención de lo político, es decir, de la aplicación de una política creativa, autocreativa, que proponga nuevos contenidos, formas y coaliciones.

Resulta perentorio, quizás más que nunca, aplicar la imaginación política y emplear el saber político como artificio que posibilite la creación y la construcción de un nuevo orden político, tanto en el plano nacional como internacional y considerando su interrelación. Esta es la difícil tarea que tienen que encarar los filósofos y científicos de la política.

 

5. La situación del Estado moderno y el cambio social.

            Todas estas mutaciones anteriormente esbozadas, dejan marcada una huella sobre la estructura del Estado moderno. Recordemos que la sociedad es, por definición, dinámica y nunca estática. El cambio social es una categoría de análisis sociológico, que podemos comprobar al revisar la historia.

            Este hecho parece ser contradicho por aquella corriente que plantea el fin de la historia. Esta tradición, que arranca con Hegel y continua con Marx, retomó vida con la propuesta, muy criticada por cierto, de Francis Fukuyama (1992). Si el fin de las ideologías implica la asunción hacia la sociedad última, la mejor sociedad y, por tanto, la sociedad utópica, estamos ante la presencia de una visión mecanicista de la sociedad. El planteamiento central consiste prácticamente en haber encontrado una ley universal, casi natural, que señala las distintas fases por las que una sociedad debe transitar [4] .

            Es muy fácil desmontar la tesis anteriormente comentada, mediante la simple afirmación de que todas las personas, por naturaleza, siempre tendrán una ideología mediante la cual expresen sus valores y creencias. Pero el asunto es más complejo, y tiene que ver con la posibilidad del cambio social. Ese cambio social no ocurre por azar, ni mucho menos por una ley natural, sino por la capacidad creativa y transformadora de los individuos y de la sociedad y sus instituciones en su conjunto.

            Las instituciones sociales plantean pautas de comportamiento reiteradas, ejerciendo un indudable influjo en la conducta humana, puesto que estas “son las reglas del juego en una sociedad o, más formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. Por consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio humano, sea político, social o económico” (North, 1995, p. 13). Esa característica nos permite hablar de la existencia de una estructura social. Estas instituciones moldean la conducta y las interacciones de los individuos, pero a la vez se da un proceso de retroalimentación. Mediante la retroalimentación, los individuos como tales, o considerados como adscritos a redes de mayor tamaño como los grupos de interés, movimientos sociales, partidos políticos, ONG, y pare usted de contar, pueden ejercer influjos sobre las instituciones y modificarlas gradualmente o de manera brusca o revolucionaria.

            El proceso anteriormente descrito es el resultado no sólo de la voluntad explicita de los actores sino como consecuencia de los cambios estructurales que se van fraguando en la vida cotidiana. Recuérdese que muchos de los acontecimientos de los cuales la historia puede dar fe, son el resultado de consecuencias imprevistas, inesperadas y no sopesadas por los actores (Giddens, 1992).

            Nadie puede afirmar de manera contundente, que el mercado sea una creación de la clase burguesa para adquirir y mantener su dominación sobre la clase trabajadora. El mercado es el resultado de un proceso histórico y cultural que involucra aspectos de toda índole. Se trata de una consecuencia del cambio social, el cual muchas veces ocurre debido al conflicto, pues las contradicciones en el interior de determinada estructura social, son el punto de partida para cualquier posibilidad de cambio y reformulación.

            Pero no todos los conflictos resultan tan evidentes pues ¿Con quién está enfrentado el liberalismo, si el socialismo se ha disipado hasta el punto de casi no dejar rastros? ¿Cuál es la contradicción del mercado libre, si la economía planificada y la propiedad en manos del Estado no resultó ser, a la postre, un rival competitivo?

En opinión de Beck, el enemigo de la sociedad liberal democrática sería, al contrario de lo que muchos pudieran pensar, su propio éxito. Y es que ya no persisten los mismos antagonismos bélicos del mundo bipolar, por lo que la lógica en base a la cual funcionaban los Estados nacionales se ha desdibujado. Los intereses en juego son puestos en disputa en base a la primacía de la economía, lo que en este contexto está caracterizado por un sistema global de intercambios interdependientes que “refuerza la hipótesis de una paz militar entre los competidores, compensada por una lógica de guerra económica por la conquista de mercados y la división internacional del trabajo” (Brunsvick y Danzin, Ob. cit., p. 23-24). Por supuesto que siguen existiendo enfrentamientos armados, pero sucede que los mismos están mucho más localizados [5] y se sustentan en problemas básicamente étnicos, racistas, nacionalistas o religiosos. Entre tanto, la lógica de la mundialización hace que los conflictos económicos estén mundializados [6] .

Esa competencia económica en el plano global, a través del libre mercado, es visto con muy buenos ojos, pues evita la posibilidad de un guerra catastrófica a nivel global (Giddens, 1999). Se tiene que tener en cuenta todos los muertos que de manera directa o indirecta, generaron las guerras del siglo XX. La competencia económica permite pues, desviar los enfrentamientos. Puede que esta tesis sea muy discutida por los socialistas o los neomarxistas, ya que una competencia implica necesariamente la existencia de ganadores y perdedores. Los no aptos para una actividad comercial, en el peor de los casos abandonarán la actividad para la cual no son competitivos, sin que ello les cueste, en teoría, la vida. Entonces, de un principio que exalta el egoísmo, tal y como lo es la competencia para satisfacer los intereses personales, se obtiene una visión positiva, que sería la disminución de las potencialidades destructivas de la guerra.

Teniendo en cuenta los cambios en el ajedrez mundial, cabe preguntarse cuáles son las demás vicisitudes que estamos afrontando. Esos problemas están allí sobre el tapete, sólo que no son tan perceptibles, porque sencillamente los Estados nacionales y las demás instituciones políticas  y sociales, fueron estructuradas y reproducidas para funcionar bajo una realidad distinta a la actual.

Ante tales circunstancias, podemos afirmar que estamos afrontando una verdadera crisis, no sólo del Estado-Nación, sino del orden global y de la vida individual. Y es que la estabilidad no tiene por qué ser considerada como la regla, después del fin del sistema bipolar de la guerra fría. Muy por el contrario, se trata de una época de redefiniciones y nuevos significados, que implica el resurgimiento de viejos temores o el nacimiento de otros totalmente desconocidos. Y es que son las instituciones y los individuos los que tienen que adaptarse a este escenario de cambio.

En base a este compromiso de adaptación, y refiriéndonos específicamente al Estado moderno, nos encontramos con que éste tiene que sufrir una metamorfosis tal y como lo haría una víbora que “abandona la piel de sus tareas clásicas y desarrolla una nueva piel de tareas global” (Beck, 1999, p.185).

En este punto debemos comentar que, los mediadores clásicos entre la sociedad civil y el Estado, los partidos políticos, tienen una suerte de falsa definición de la      política, ya que no han sabido interpretar las actuales exigencias de la sociedad civil, así como la característica más novedosa que presenta recientemente, como lo es la capacidad de autoorganización. Esta nueva tendencia de la sociedad civil es bastante novedosa, pues permite la posibilidad de que se pueda prescindir de los políticos, lo que significa que la sociedad civil devendría en sociedad política. Esta es una de las presiones más importantes que recibe el Estado- Nación liberal democrático de la actual sociedad.

 

6. A manera de conclusión: la democracia cosmopolita.

            Dado que la adquisición del orden democrático no es un hecho natural, queda sometido a la voluntad de los ciudadanos libres determinar las condiciones y el curso de su propia asociación (Held, Ob. cit.). Una vez hecha esta elección, se puede pasar a una segunda etapa que cosiste en la discusión acerca de la institucionalización democrática.

            Lo que se debe tener muy en cuenta a la hora de constituir un orden democrático cosmopolita, es el hecho de que estamos frente a un contexto de interconexión regional y global. Como el derecho democrático cosmopolita es una condición necesaria para la institucionalización democrática a nivel global, un requisito básico para que sea posible es la internacionalización de la ley democrática. Se trata de la aceptación de un conjunto de derechos vinculados de manera directa a la democracia, dejando a un lado la formulación de concepciones del derecho de tipo reduccionista, como lo serían los derechos ciudadanos o universales [7] .

            La función de ese derecho público cosmopolita, no estaría orientada sólo a los Estados nacionales, sino que también influirían decididamente en la vida de cada individuo, creando una ciudadanía cosmopolita. El presupuesto para que esto sea posible sería mediante una previa adaptación de la constitución nacional del ciudadano al derecho público cosmopolita. No se trata de crear un cuerpo jurídico supranacional que dirija todas las actividades de las personas, sino que se trata de “construir un marco vinculante de los asuntos políticos de los Estados, las sociedades y las regiones” (Held, Ob. cit., p. 278).

            De esta forma, las actividades de los ciudadanos que trasciendan el campo nacional, se integrarían con las redes regionales y globales más amplias, dándole al individuo un campo de facultades y obligaciones mucho más amplio. Entre las facultades, el ciudadano cosmopolita podría participar, por ejemplo, en la elección de su representante en las Naciones Unidas, puesto que las decisiones que allí se tomen pueden afectarlo directamente. En cuanto a las obligaciones, la situación es mucho más interesante, pues se podría combatir de manera directa la impunidad criminal internacional de los autores de crímenes de lesa humanidad, tal y como le ocurrió a Pinochet o a Milosevic. Es así como la creación del Tribunal Penal Internacional, mediante el Tratado de Roma, crea un precedente categórico en cuanto a la institucionalización del derecho cosmopolita. También llaman la atención el seguimiento que se le puede hacer a los delitos de corrupción, tal y como actualmente se le sigue la investigación a Hugo Chávez por el caso del financiamiento de su campaña electoral, con dinero sucio depositado en las cuentas del Banco Bilbao Vizcaya de España.  

            Esta internacionalización de la ley democrática es sin lugar a dudas una tarea bastante difícil. No se trata de que estemos profesando un escepticismo a priori, sino que se deben dejar bien claras cuáles son las posibilidades y limitaciones del mismo. En cuanto a las posibilidades, en aquellas sociedades con una tradición democrática arraigada y donde la cultura política esta avanzada y sofisticada, la posibilidad de  construir una estructura de acción política democrática, en un contexto de interconexión global y regional, es sumamente viable. Así lo demuestran los logros de la Unión Europea [8] , cuyo ejemplo es digno de imitar en otras latitudes que presenten condiciones posibles de integración, como es el caso de América Latina. Un modelo como el europeo sería bastante útil desde el punto de vista del método comparado para hacer posibles nuevas experiencias de integración económica y política, con la advertencia de que se debe ser muy cuidadoso al estudiar la realidad cultural e histórica de cada región, para evitar cualquier proyecto social mecanicista.

            En cuanto a las limitaciones, el multiculturalismo es sin duda una de ellas. Vivir en democracia implica, de entrada, aceptar las diferencias. Esas diferencias pueden ser de muchos tipos: físicas, genéricas, sociales, políticas, religiosas, culturales, de intereses, lingüísticas, entre otras. En este punto persiste una contradicción que tiene que ver con el principio básico de construcción de la mayoría de los Estados nacionales, particularmente en América Latina (Mires, Ob. cit.), en lo referente al principio de homogeneización. Venezuela, a través de casi cien años de guerra fraticida, es un claro testimonio de homogeneización de las clases sociales. Ese principio homogeneizador, desde todo punto de vista, es irreconciliable con la democracia. Sin embargo, en Venezuela ya no existe el problema de las subculturas gracias, paradójicamente, a las guerras del siglo XIX. Este fue quizás uno de los elementos trascendentales para sustentar la democracia de nuestro país a partir de la segunda mitad del siglo XX.

            Pero existen países en los que la homogeneización no surtió efecto, por lo que viven una realidad multicultural. Esta situación, en los países antidemocráticos, ha desatado las más cruentas guerras internas, como lo demuestran los conflictos en Yugoslavia o en Indonesia. El derecho democrático cosmopolita debe tener muy en cuenta esta realidad multicultural, por lo que no se puede pretender que los países más “democratizados” introduzcan valores culturales en otras sociedades, en nombre de la democracia. Con tales acciones no se estaría siendo en modo alguno democrático, porque, sencillamente no se estarían reconociendo las diferencias de los demás. Es por ello bastante acertada la idea de Held de asociar los derechos cosmopolitas con los valores subyacentes a la democracia, en vez de relacionarlos con derechos que se circunscriben a aspectos de tipo nacional o cultural.

            Otro factor que debemos tratar en este apartado es el relativo a la representación. Particularmente nos interesa referirnos a la representación política, que es aquella que hace alusión a la idea de gobierno representativo como gobierno responsable (Sartori, 1992). Esa responsabilidad se presenta entre representantes y cuerpo electoral, relación esta que es criticada por Held como apuntamos ad supra. Sin embargo, debemos decir que este tipo de representación nos interesa porque es aquí donde intervienen los partidos políticos, quienes se encargan de seleccionar el personal político que se postula par las elecciones, además de preparar el proyecto político o la propuesta electoral. Son los partidos políticos, además, quienes están encargados de articular y aglutinar los diversos intereses sociales, a través de la interpretación de las exigencias que emanan de la sociedad.

Ya habíamos citado a Beck cuando se refería a la tendencia hacia la autoorganización que en la actualidad se presenta en los diversos grupos que componen la sociedad. El problema es que esos intereses autoorganizados, son intereses corporativos y egoístas, lo cuales se disipan una vez han alcanzado el objetivo, por lo que se suele hablar de despolitización de la sociedad, ya que los grupos no se organizan para competir por el poder político. Por otra parte, estos grupos no llevan a cabo una representación de tipo político, sino que más bien cumplen una función de representatividad (Ídem), por lo que las gestiones realizadas por los representantes, no tienen por que responder de manera responsable ante el grupo que se representa. Esto debido a que no existe el control político que se deriva de las elecciones, por parte de los representados. Si esto no es así, entonces no se está cumpliendo con uno de los principios básicos de la democracia procedimental (Dahl, 1999), que habla de la realización de elecciones libres y competitivas. Por supuesto que van a seguir existiendo los cargos políticos electivos para conformar un cuerpo o asamblea de representantes, pero no son ellos y tampoco los partidos políticos, quienes efectivamente se están encargando de la formulación de las políticas.

Este es ciertamente un síntoma que denota una crisis de los partidos, a la hora de darle repuestas efectivas a los problemas y demandas ciudadanos. Pero esto se debe al contexto, al cambio en el interior del sistema político, como consecuencia del aumento de las interconexiones e interacciones a nivel regional y global. Por ello, debe existir una perentoria redefinición y redimensionamiento de los partidos políticos, para hacer factible una nueva democracia. Si hablamos de democracia cosmopolita, entonces deberíamos referirnos a la pertinencia de renovados partidos políticos, también cosmopolitas. Ello se justifica por la multiplicación de los ámbitos de decisión, que como ya sabemos no son sólo nacionales. Esos grupos tendrían la función de transmitir a los públicos nacionales la agenda de las cuestiones globales, movilizándolos en este sentido. Pero esto puede ciertamente generar tensiones, pues esos partidos cosmopolitas podrían estar enfrentados a los “partidos y grupos nacionales en el interior de los distintos sistemas políticos” (Vallespín, Ob. cit.).

Pasando a lo que se refiere a la organización del gobierno, la democracia cosmopolita requiere de una nueva organización que se adapte a las exigencias del orden global. En este punto Held hace una propuesta inspirada en principios de la Administración Pública, pues plantea la ampliación clásica de los niveles administrativos del Estado, un peldaño más hacia arriba. Así estaríamos en presencia de cuatro niveles políticos administrativos: la comunidad local, los niveles nacionales, los niveles regionales y el nivel global (Held, Ob. cit.).

Cada uno de estos niveles tendrá ciertas y determinadas competencias, según el ámbito y ubicación del problema, o el impacto de las políticas que lleve a cabo. En tal sentido se proponen tres criterios para determinar la competencia y facultades para actuar que tiene cada nivel gubernamental. Estos son las pruebas de la extensión, la intensidad y la eficiencia comparada. La primera sirve para determinar que poblaciones se ven afectadas por el problema o la decisión; la segunda mide el grado con la que las poblaciones están afectadas; y la tercera se ocupa de evaluar que nivel posee los mejores recursos para actuar.

Quedan de esta forma, planteados los puntos y lineamientos básicos para crear nuevas instituciones que garanticen el proceso de redefinición de la democracia, en un contexto confuso y complejo, tal y como lo son todos aquellos ámbitos sociales y culturales que han atravesado por un proceso de cambio político.   

 

 

7. Bibliografía.

Alcántara Moreno, Gustavo (2011). La globalización y sus implicaciones para el proceso salud-enfermedad. Una aproximación interdisciplinaria. Editorial Académica Española. Saarbrücken, Alemania.

Beck, Ulrich (1999). La invención de lo político. México: F.C.E.

Beck, Ulrich (1997). Modernización reflexiva, Madrid: Alianza Editorial.

Bobbio Norberto. Liberalismo y democracia, F.C.E., Bogotá, 1999.

Brunsvick, Yves y Danzin, André (1999). Nacimiento de una civilización. Vendome, Francia: Ediciones de la UNESCO.

Caminal, Miguel (1996). “La representación y el parlamento”, en Miguel Caminal (coord.), Manual de Ciencia Política, Madrid: Tecnos, pp. 373-394.

Dahl, Robert (1999). La democracia: una guía para los ciudadanos. Madrid: Taurus.

Fukuyama, Francis (1992). El fin de la historia y el último hombre. Barcelona, España: Editorial Planeta.

García-Pelayo, Manuel (1987). Burocracia y tecnocracia. Madrid: Alianza Editorial, segunda reimpresión.

Gellner, Ernest (1994). Naciones y nacionalismo. Madrid: Alianza Editorial.

Giddens, Anthony., y Hutton, Will (2001). Conversaciones entre Anthony Giddens y Will Hutton, en Giddens y Hutton (Eds.), En el límite. La vida en el capitalismo global. Barcelona, España: Tusquets Editores.

Giddens, Anthony (1999). La tercera vía. Madrid: Taurus.

Giddens, Anthony (1992). Sociología.  Madrid: Alianza Editorial.

Held, David (1997). La democracia y el orden global. Madrid: Paidós. 

Martínez Miguélez, M. (1999). La nueva ciencia, su desafío, lógica y método. México: Trillas.

Mill, John Stuart (2006). Ensayo sobre la libertad. Madrid: Mestas Ediciones.

Mires, Fernando (2002). Civilidad. Madrid: Editorial Trotta.

North, Douglas. (1995). Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. México: Fondo de Cultura Económica.

Ramos Jiménez, Alfredo (2008). Las formas modernas de la política. Mérida, Venezuela: CIPCOM, Segunda Edición Ampliada.

Sartori, Giovanni, (1992). Elementos de teoría política. Madrid: Alianza Universidad Textos.

Vellespín, Fernando (2000). “El futuro de la democracia. Elementos para un debate”, en www.etcetere.com